La decisión de la Corte Internacional de Justicia que negó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental que delimitan su frontera marítima Colombia, permitirá consolidar los derechos de los raizales y del resto de comunidades asentadas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dijo este jueves el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En su opinión, este fallo emitido desde La Haya es un avance significativo en la defensa de los derechos a la seguridad alimentaria, a través de la pesca, a la conservación de la Reserva Seaflower, patrimonio de la humanidad, y la protección de las comunidades del Archipiélago.

Camargo dijo además que la entidad a su cargo seguirá insistiendo en que se adelanten las acciones necesarias para que esta comunidad pueda vivir en condiciones de dignidad.

“Felicitamos a los equipos jurídicos que a través de los años participaron en este proceso, y les manifestamos nuestro abrazo solidario a las comunidades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son parte fundamental de nuestra integridad nacional”, declaró, al celebrar la decisión de la CIJ.

Para Camargo Assis, este fallo no solo garantiza la seguridad jurídica del territorio colombiano, sino que favorece la toma de decisiones de política pública adecuadas para la protección de la comunidad raizal. 

“Se garantiza también la libertad de tránsito dentro de su territorio ancestral. Como Defensoría del Pueblo seguiremos insistiendo en que se adelanten las acciones necesarias para que esta comunidad pueda vivir en condiciones de dignidad”, añadió.

Dijo además que a partir de este fallo es indispensable que el Gobierno Nacional adopte las medidas para que la comunidad internacional proteja la Seaflower.

“Es importante reconocer que las instituciones internacionales toman decisiones basadas en el derecho y en la evidencia. Creemos en el multilateralismo para solucionar los conflictos entre los Estados”.